miércoles, 10 de abril de 2013

No perdamos la oportunidad de la paz



Duele ver al anhelo de paz de este país sometido a los intereses mezquinos de algunos grupos políticos. La paz es, ante todo, un derecho que está consagrado en la Constitución Política de Colombia.

El Artículo 22 de la Carta Magna reza: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; y el Artículo 95 consagra entre los deberes de la persona y del ciudadano participar en la vida política, cívica y comunitaria y “propender al logro y mantenimiento de la paz”.

Justamente lo que ordena la constitución es lo que hicimos millones de colombianos el pasado martes 9 de abril, cuando participamos en la marcha que reconoció a las víctimas del conflicto y dio un espaldarazo al proceso de paz. Quienes salimos a caminar ese día “propendemos por el logro y mantenimiento de la paz”.

Ahora, visto desde esta manera, no se entiende cómo el expresidente Uribe y su grupo político “Centro Democrático” toman como banderas ideológicas una guerra sin cuartel contra el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Su argumento, palabras más, palabras menos, es que se busca un acuerdo a toda costa con impunidad.

Es claro que cuando se negocia en un conflicto se debe llegar a acuerdos que dejen satisfechas a las dos partes. Todos hemos vivido en carne propia de una u otra manera  la crueldad de la guerra. En mi caso, me tocó el conflicto cuando la guerrilla mató a mi hermano en el Putumayo hace más de 15 años.  Situación por la cual no hay rencores en mi corazón.

Apruebo y aplaudo que los dirigentes de la guerrilla pasen del monte a las plazas públicas. Y que cambien sus balas por las ideas. Eso nos ahorraría miles de muertes en los próximos 50 años, y sería la mejor manera de honrar la memoria de las víctimas que cayeron en estos 50 años que ya pasaron.

No le neguemos la oportunidad a nuestros hijos y nietos de que sean la primera generación de una Colombia sin  conflicto armado.  Es hora de reconciliarnos. Todos cabemos en esta sociedad pluralista y garante de los derechos políticos y sociales, como lo dice nuestra Constitución Política.

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